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El desempleo, el alza de las bencinas y el encarecimiento sostenido del costo de la vida han marcado la agenda pública de los últimos meses. Mientras miles de familias enfrentan dificultades para llegar a fin de mes y la incertidumbre económica se instala en los hogares, cabe preguntarse cuáles son las prioridades que están guiando a nuestras autoridades y qué lugar ocupan en ellas las necesidades de las mujeres.
En este contexto, la primera dama, María Pía Adriasola, participó recientemente en la cena anual de Fundación Chile Unido, organización que promueve una visión tradicional de la maternidad y la familia, y que sostiene una postura contraria a la interrupción voluntaria del embarazo. Su enfoque no se limita a cuestionar el aborto, sino que pone en el centro una determinada concepción de la maternidad, los roles de las mujeres y la protección de la vida desde la gestación, dejando fuera otras experiencias, decisiones y proyectos de vida igualmente legítimos. Durante la actividad, Adriasola hizo un llamado a realizar aportes económicos y sumarse como voluntarios para apoyar a mujeres que enfrentan embarazos en situación de vulnerabilidad.
El acompañamiento a mujeres que atraviesan un embarazo complejo es una labor legítima y necesaria. Sin embargo, resulta importante distinguir entre las iniciativas privadas y las responsabilidades del Estado. Si el apoyo a las mujeres embarazadas constituye una prioridad para el Ejecutivo, debe expresarse también en políticas públicas, presupuesto y programas de acompañamiento efectivos, que garanticen alternativas y apoyo sin distinción de las decisiones reproductivas de cada persona. La protección social no puede depender exclusivamente de la solidaridad o de la capacidad económica de la ciudadanía.
La situación adquiere una dimensión institucional mayor al considerar la presencia de la ministra de Salud, May Chomali, y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín. Ambas encabezan carteras cuya responsabilidad es proteger la salud, la autonomía y los derechos de las mujeres. Por eso, su participación en una actividad organizada por una institución con una posición explícita frente al aborto no es un hecho políticamente irrelevante. Las autoridades tienen derecho a sostener convicciones personales, pero también deben considerar la señal pública que transmiten desde los cargos que ejercen.
Chile cuenta desde 2017 con la ley 21.030, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas: riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación. Se trata de una legislación vigente que el Estado tiene la obligación de implementar y garantizar. Su existencia es el resultado de un largo debate democrático y de años de trabajo de organizaciones sociales, profesionales y movimientos de mujeres.
En este escenario, la participación de ambas ministras plantea una pregunta legítima: ¿cómo se compatibiliza el respaldo a una agenda particular con las responsabilidades institucionales de garantizar derechos para todas las mujeres? No se trata de cuestionar las convicciones personales de quienes asistieron, sino de recordar que las obligaciones de un cargo público trascienden las preferencias individuales. La responsabilidad de una ministra no se suspende fuera de su jornada laboral, especialmente cuando se trata de derechos que su propia cartera debe proteger.
Desde las organizaciones sociales llevamos décadas trabajando para que los derechos de las mujeres no dependan de su situación económica, de su lugar de residencia ni de las convicciones de quienes gobiernan. Por eso, esperamos que las autoridades pongan en el centro las necesidades reales y diversas de las mujeres: acceso oportuno a la salud, autonomía para decidir, protección frente a la violencia, condiciones materiales para desarrollar sus proyectos de vida y un reconocimiento efectivo de las tareas de cuidado, acompañado de políticas que permitan distribuirlas de manera más justa.
Acompañar a las mujeres también significa respetar sus decisiones. Y gobernar para todas implica garantizar derechos, incluso cuando no coinciden con las convicciones personales de quienes ejercen el poder.

Que nada
te quite
el sueño.
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