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El complejo escenario legislativo que enfrenta el aborto legal en Chile

El debate sobre el aborto legal en Chile se ha intensificado en el Congreso. Entre las opiniones divididas en el parlamento, organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos resaltan la necesidad de un diálogo profundo y comprometido con los DDHH.

Hace unos días, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó en una entrevista las diferencias entre aborto legal y aborto libre. Esto se produjo tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric durante la última Cuenta Pública, en la que informó que se presentará un proyecto de ley de aborto legal para Chile durante el segundo semestre del año.

Bajo ese contexto, la ministra explicó que el aborto libre se refiere a una consigna, más que una fórmula legal. En contraste, el concepto de aborto legal, según el gobierno, implica no solo la despenalización, sino también garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente para las personas de menos recursos, evitando así la perpetuación de prácticas clandestinas. 

Según estudios y estimaciones manejadas por el Gobierno y especialistas en el tema, en Chile se realizan entre 30.000 y 150.000 abortos clandestinos al año, sin apoyo médico y con medicamentos del mercado negro como el misoprostol y la mifepristona. Sin embargo, no hay cifras oficiales precisas debido a la clandestinidad de estos procedimientos. 

Esto hace recordar que, entre 1931 y 1989, Chile permitió el aborto terapéutico según el Código de Salud. Durante este periodo, las mujeres podían solicitar un aborto si su vida estaba en peligro y contaban con la aprobación documentada de dos a tres médicos-cirujanos, permitiendo excepciones en casos de urgencia. Sin embargo, en 1989, se eliminó esta excepción a través de la ley 18.826, introducida por la junta militar, decretando la prohibición absoluta del aborto consentido. Esta medida convirtió a Chile en uno de los cinco países en adoptar una postura tan restrictiva en ese momento.

Actualmente, el país cuenta desde 2017 con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que regula la despenalización del aborto en tres causales: que la vida de la madre esté en peligro, que exista inviabilidad fetal de carácter letal y por violación (hasta 12 semanas de gestación y hasta 14 semanas para menores de 14 años).  

‘’La aprobación de la Ley IVE fue un avance enorme en materia de Derechos Reproductivos y eso siempre lo celebraremos, pero no es suficiente. Junto a otras organizaciones de la sociedad civil hemos podido constatar que el acceso y ejercicio de esta Ley ha significado un desafío constante, ya que existen importantes obstáculos para la implementación, lo que se refleja en las cifras de mujeres y personas gestantes que han podido constituir una causal’’, afirma la directora ejecutiva de Aprofa, Débora Solís.

Asimismo, la ejecutiva subraya que ‘’una de las barreras más significativas ha tenido que ver con la objeción de conciencia, que resulta en que en determinados centros de salud no exista ningún profesional que pueda acompañar a las mujeres en alguna de las causales, teniendo que desplazarse grandes distancias para lograr encontrar algún establecimiento que cumpla con la Ley’’.

En esta línea, y volviendo a los anuncios de la última Cuenta Pública, el gobierno ingresó un documento en Contraloría que modifica el reglamento de objeción de conciencia en la Ley IVE. Entre las modificaciones se encuentra la priorización de turnos a personal no objetor, la no objeción como un factor positivo en la contratación, e informar a las pacientes si el profesional es objetor. Los establecimientos deben exhibir los derechos de la ley públicamente.

Sin embargo, en el escrito ‘’Reflexiones críticas en torno a la modificación al reglamento de objeción de conciencia’’ de Betzabé Araya y José Ignacio Núñez, los especialistas explican que los mecanismos propuestos presentan déficits y complejidades. En este análisis se destaca la necesidad de un protocolo único de reasignación y derivación, como también, la formación y capacitación continua para los equipos de salud. A su vez, los especialistas subrayan que no se aborda adecuadamente el alto porcentaje de objetores de conciencia en Chile, mientras que el reglamento propuesto exige sólo una declaración escrita de objeción por motivos religiosos y/o de conciencia, sin garantías de veracidad ni sanciones por información falsa. 

‘’Una de las principales carencias que se ha detectado en los monitoreos de la Ley IVE, realizados por las organizaciones de la sociedad civil en estos 7 años de aprobación, tienen que ver con la falta de información y sensibilización que el personal de salud tiene respecto al funcionamiento e implementación, lo que se traduce en que las personas que buscan acogerse no encuentran las respuestas apropiadas, vulnerando así sus Derechos. Es fundamental que, tanto en materias de interrupción del embarazo como en Educación Integral de la Sexualidad, se incorpore la formación inicial para que desde un comienzo los futuros y futuras profesionales cuenten con toda la información’’, destaca la ejecutiva de Aprofa.

En este sentido, la organización afirma que, mientras no se apruebe el proyecto de ley de aborto legal en Chile, las entidades defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos deben enfocarse en mejorar las carencias de la actual Ley IVE.

Aborto legal y el complejo escenario legislativo 

Desde Aprofa señalan que, tras los hechos ocurridos durante el anuncio del proyecto de ley de aborto legal, cuando varios parlamentarios se retiraron de la sala, queda claro que la aprobación no será sencilla debido a la significativa resistencia y confusión en torno al tema. ‘’Creemos que es momento de que el parlamento se abra a legislar en beneficio de todas las personas de nuestro país. La discusión debe ser dada con altura de miras y con un compromiso profundo con los derechos y salud pública’’.

Asimismo, Corporación Humanas recalca que el escenario legislativo para un debate sobre aborto es complejo y desafiante, ya que el mandatario no cuenta con mayorías parlamentarias. ‘’Por eso lo importante es entender que un proyecto sobre aborto legal no es solo el proyecto de un presidente o de un gobierno sino un proyecto sobre los derechos de las mujeres, y el compromiso con los derechos de las mujeres y las niñas debe ser transversal’’, afirma la directora, Camila Maturana.

Por otra parte, Maturana destaca que en el Congreso chileno ha existido una práctica de escuchar diversas voces y experticias al debatir sobre derechos de las mujeres y señala que esta ocasión no debería ser diferente. ‘’El debate sobre esta propuesta tendrá lugar en el parlamento cuando se presente, por supuesto, pero a nivel social el debate ya ha comenzado. Es necesario que como sociedad podamos debatir con respeto a diversas miradas, que nos permita priorizar la protección de los derechos de las mujeres y las niñas’’.

‘’Precisamente a lo que apuntan las leyes sobre aborto en los países que ya las han aprobado, es a proteger a las mujeres y las niñas, para que cuando necesiten interrumpir un embarazo, dentro de un determinado plazo o por causales, cuenten con la atención sanitaria requerida y condiciones de dignidad y respeto a su decisión. Pero también es importante contar con leyes y políticas amplias sobre educación sexual integral y servicios de anticoncepción de calidad, que permitan a las mujeres evitar embarazos no deseados, proteger su salud y prevenir la violencia sexual’’, añade la directora de Corporación Humanas.

Desde Aprofa señalan que, según la evidencia, en los países donde se ha legislado en favor del aborto seguro, legal y gratuito, este tiende a disminuir. Esto se atribuye, en parte, a la inclusión de la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos como parte integral de la estrategia. ‘’Avanzar en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos es sin duda la única manera de que todas las personas puedan acceder a vidas dignas’’, concluye Débora Solís.

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