Cada una semana, una mujer muere por causas asociadas al parto

No es un misterio que las mujeres y personas con capacidad de gestar alrededor del mundo no tienen garantizados mínimos accesos a información, anticonceptivos, servicios de asistencia al parto, atención materna integral y otros servicios de salud sexual y reproductiva. Particularmente, las mujeres en algunos países de África tienen 130 veces más probabilidades de morir por complicaciones durante el embarazo o el parto que las de Europa y América del Norte, según un informe dado a conocer por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Estas cifras se incrementan considerablemente cuando le incorporamos factores como conflictos armados o desastres naturales que provocan crisis humanitarias que afectan en mayor medida a niñas y mujeres que se enfrentan a mayores desafíos en casos de embarazo y puerperio, cuyas muertes asociadas se podrían disminuir a la mitad con un correcto abordaje.

Lamentablemente, este escenario no solo ocurre en países empobrecidos, sino que también se da en Chile. En nuestro país se promedian 180 mil nacimientos cada año, mientras que una mujer muere cada una semana por causas asociadas al parto.

A la luz de la evidencia vislumbramos que nuevamente se trata de un problema de salud pública, que tiene como base la desigualdad de género. A pesar de los programas gubernamentales existentes, aún hay una alta tasa de fallecimientos, que requiere un abordaje integral para su erradicación. En ese sentido es de vital importancia incorporar la perspectiva de género y la interseccionalidad en la política pública, para que el Estado logre garantizar los derechos reproductivos de las personas.

En ese camino no se pueden descuidar elementos como la educación y el derecho a la información, como partes fundamentales de la promoción y visibilización de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Buscar estrategias para llegar a más población, considerando la realidad actual de nuestro país, puede hacer la diferencia en la toma de decisiones, el acceso a servicios de salud y cuidados materno infantiles.